La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llamó al Congreso local a dar marcha atrás al dictamen de protección a la vida que penalizaría el aborto en Nuevo León.

A través de un comunicado de prensa el organismo considera que la propuesta de reforma constitucional, que busca proteger al ser humano desde el momento de la fecundación, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.

Ante la aprobación en la Comisión del Congreso del Estado, la CEDH “hizo un llamado urgente al Congreso del Estado a no aprobar el dictamen referido, y en su caso pondere que el texto del párrafo que se pretende adicionar contradice nuestra Carta Magna y los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte”.

Posted by Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León on Tuesday, March 5, 2019

“En atención al dictamen aprobado el día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de protección a la vida desde el momento de la fecundación, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que no es compatible con los parámetros de derechos humanos a los que se ha comprometido observar el Estado mexicano.

De manera particular, la propuesta de reforma constitucional, que busca proteger al ser humano desde el momento de la fecundación, contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.

“El hacerlo, irrumpiría con la observancia que deben tener las legislaturas locales del marco constitucional federal, que reconoce como ley suprema a la constitución del país y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y que supone, en términos del artículo 1 constitucional, la obligación de garantizar los derechos humanos contenidos en los referidos instrumentos jurídicos, así como atender lo que han desarrollado los máximos intérpretes de los mismos, es de decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Además, la aprobación de este dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se les excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efectos anti-implantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por su uso; asimismo, colocaría a las mujeres solo como un medio o lugar para el desarrollo del embrión, siendo accesorias al producto que se gesta en su cuerpo, restringiendo el ejercicio de sus derechos. También se obstaculizaría el desarrollo normativo en la entidad sobre interrupción legal del embarazo y voluntad anticipada”, señala el comunicado.