El Gobierno de Trinidad y Tobago deportó el pasado domingo, 22 de noviembre, a 16 niños y 13 adultos de nacionalidad venezolana que llegaron a la isla para reencontrarse con familiares, huyendo de la crisis económica y social de ese país.
Dos botes, con combustible y alimentos limitados fue el medio de transporte donde fueron devueltos a su tierra natal el grupo de menores venezolanos, algunos incluso sin representante legal, quienes llevan más de 40 horas desaparecidos en alta mar.
Medios de comunicación del mundo y políticos de oposición al régimen de Venezuela se han pronunciado en contra de lo sucedido, solicitando respuestas y repudiando este hecho como un atentado a los derechos humanos.
La CIDH se pronuncia
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter donde expresó “su preocupación por la deportación, el #22Nov, de personas migrantes venezolanas incluyendo 16 #NiñasNiñosAdolescentes, algunos no acompañados. Según información pública, estas personas se encontrarían en alta mar y se desconoce su paradero (…) y exhorta a Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución”.
