La Universidad de Texas en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, crean el informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” donde vinculan al grupo delictivo ZETAS con Mandos Federales, Gobernadores de Veracruz y Coahuila, directivos de CFE y PEMEX, además de aportaciones de los ZETAS a campañas políticas de los estados mencionados.
Este estudio analiza los juicios contra ex integrantes del grupo criminal ZETA en cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016, además,de las estrategias de violencia e intimidación, donde destaca el control del Cereso de Piedras Negras para trasiego de droga y demás actos delictivos.
Según el documento, en 2004, Efraín Torres “El Z-14”, en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano “El Lazca” , le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz.
“Como socios, ellos (Colorado Cessa y Torres) iban a expandirla (a ADT Petroservicios) y crecer usando contratos públicos. Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del Gobierno federal a través de Pemex”, declaró José Carlos Hinojosa, un ex fiscal convertido en contador de Los Zetas, que fue detenido en 2008, menciona el estudio.
Rodrigo Uribe Tapia, otro lavador de dinero para Los Zetas, describió una reunión en 2010 en una casa que le pertenecía al ya Gobernador de Veracruz Javier Duarte, en cuyo patio mataron a una contadora.
El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y mantuvieron un férreo control sobre el estado a través de estrategias de violencia e intimidación, donde destaca el asesinato de 300 personas en el pueblo de Allende, entre marzo y abril de 2011. Muchas de las víctimas fueron incineradas en el lugar, esto según el informe.
“El dinero lo entregaron a Vicente Chaires, el secretario personal del entonces Gobernador Humberto Moreira, y a Jesús Torres Charles, el Procurador General del Estado en ese tiempo, para sobornar al Mandatario estatal, mencionó Rodrigo Uribe Tapia, según el informe.
“Lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Gobernador de Coahuila en ese entonces”, declaró Uribe.
Según Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa y narcotraficante, el actual Gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas.
Él describió una ocasión en la que entregaron un pago al Mandatario en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.
“Los testigos explicaron cómo Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales”, determina el trabajo de la Universidad de Texas.
“Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción”.
Uribe Tapia, quien lavaba dinero a través del centro comercial Black City Mall de Piedras Negras, aseguró que Los Zetas también le vendían carbón a la CFE, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ayudó a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.
A mediados del 2012, señaló un testigo en el juicio realizado en San Antonio, el cartel estableció retenes en cada calle de Piedras Negras, y revisaron a todas las personas que entraban o salían de la ciudad, todo en presencia de la policía local, también establecieron una red de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras.
El control que Los Zetas lograron, ya sea mediante sobornos o mediante una estrategia del terror, incluyó a la Policía Federal, a la PGR y a elementos del Ejército, además de ministerios públicos de Coahuila y policías estatales y municipales.
“Si bien los testigos no ofrecieron detalles respecto de cuáles divisiones del Ejército o la Policía Federal eran corruptas, en algunos testimonios se hizo mención de algunos incidentes específicos”, indica el documento.
“(Jorge) De León (asistente de un líder Zeta) explicó que el Ejercito mexicano mantenía una relación no hostil con las agencias policiales locales que trabajaban con Los Zetas. Además, (Adolfo) Tavira declaró que la unidad militar asignada a Ciudad Acuña trabajaba junto con la policía local y con Los Zetas”.
Ahora la “organización de la letra”, solo tiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a empresarios en diez de los 32 estados del país.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Texas precisó que las autoridades estatales no realizaron ningún tipo de investigación al cártel, donde desapariciones y crímenes, siguen en impunidad y sin ningún seguimiento.
Con información de El economista, Vanguardia, El Norte, UT.